¿Hacia dónde va el sistema de pensiones español?

Ja tinc a les mans el número 85 (juliol 2005) de la revista Polémica en la qual apareix publicat un article meu en col·laboració amb l’Elena sobre el sistema de pensions a Espanya.

Article a Polemica.org: ¿Hacia dónde va el sistema de pensiones español?
Copia local de l’article:

¿HACIA DÓNDE VA EL SISTEMA DE PENSIONES ESPAí‘OL?

En la última década, los sistemas de pensiones del todo el mundo han venido experimentando una reforma que persigue un doble objetivo: reducir las pensiones públicas y otorgar más importancia a los planes y fondos de pensiones privados. Como sucede en el caso español, los sistemas tradicionales de pensiones públicas están dado un salto muy importante hacia la privatización, implicando una ocupación del terreno por el mercado privado y un retroceso por parte de la esfera pública, que se dirige una posición residual, la de proveer las pensiones a quienes demuestren una falta de ingresos. ¿Por qué debe ocupar el mercado un campo que hasta ahora no se regí­a por la lógica del capital? ¿Por qué las pensiones públicas, que creí­amos derechos sociales consolidados en el Estado del Bienestar, se convierten en contratos privados con entidades financieras?

¿QUé ES UN SISTEMA DE PENSIONES?

En el sistema de pensiones español coexisten distintas modalidades de previsión social que conforman sus distintos pilares: el pilar público contributivo, en el que, las pensiones se financian con las aportaciones de los trabajadores activos en un mismo periodo del tiempo, y éstas a su vez determinan la pensión futura; el pilar asistencial, público y con cargo a Presupuestos Generales, que otorga pensiones a aquellas personas que, por falta de cotización, no tienen acceso a la pensión contributiva; y el pilar privado, formado por los planes de pensiones a los cuales los trabajadores van aportando parte de su salario que, a lo largo de la vida laboral, se capitaliza en los mercados financieros. éstas, una vez llegado el momento de la jubilación[1], devuelven al partí­cipe el resultado de las inversiones realizadas con el dinero aportado, descontando sin falta los costes de gestión cobrados por las entidades financieras. Existen varias modalidades de planes de pensiones: los denominados planes de empresa, establecidos por las empresas para sus trabajadores, y los planes individuales, contratados directamente por el trabajador. Desde el punto de vista económico, los planes de pensiones pueden ser de beneficio definido, en los que la prestación a recibir se determina de forma contractual y los de contribución definida, en los que se define la aportación mientras que la prestación dependerá de los rendimientos financieros del fondo[2].

En España, hasta mediados los años mil novecientos ochenta no existí­an normas legales para la provisión de pensiones privadas, y el sistema de pensiones era exclusivamente público[3]. Es sólo a partir de este periodo que se regularon las pensiones privadas, concediéndoles, además, importantes beneficios fiscales. Sin duda, siempre han existido ahorros privados para hacer frente a la vejez, pero éstos no tení­an la consideración de sistemas de pensiones privados. Como la mayorí­a de los sistemas de pensiones tradicionales, el sistema español responde a un modelo público y corporativista en tanto que el criterio de acceso a la pensión y la determinación de su importe están vinculados a la participación al mercado laboral y al nivel salarial. El pilar asistencial juega un papel residual, para los más pobres, proporcionando también pensiones de muy bajos importes.

ARGUMENTOS PARA LA REFORMA

Numerosos estudios, informes, declaraciones mediáticas, etc. que recomiendan la privatización de las pensiones son publicados de forma periódica, y sus recomendaciones tienen repercusión en los medios de comunicación. El inicio de este debate puede situarse en un informe elaborado por el Banco Mundial en 1994: Adverting the old age crisis. Este documento inició la batalla crí­tica con los sistemas públicos contributivos de pensiones, cuyos argumentos han dominado, y seguirán haciéndolo aunque con nuevos matices, el debate acerca de las pensiones. Todas las crí­ticas se basan en el mismo argumento: prevén la insostenibilidad financiera del sistema contributivo y alaban las supuestas virtudes de la capitalización.

El envejecimiento de la población y la crisis financiera del sistema contributivo. Que las sociedades están envejeciendo como consecuencia de la caí­da de la natalidad, y la mayor longevidad, es un hecho observable y predecible. Los crí­ticos con las pensiones públicas sostienen que esta pauta demográfica provocará que, en el futuro, el sistema contributivo de pensiones sea insostenible, debido a que una población ocupada [4] menor deberá pagar con sus aportaciones las prestaciones de una población retirada cada vez más numerosa. En el peor de los casos, las predicciones hacen referencia a una escasez de recursos para las pensiones públicas a consecuencia de que habrá menos trabajadores disponibles para producir la riqueza; y los pronósticos menos atrevidos apelan a la supuesta injusticia generacional derivada de un incremento de la población pensionista mantenida por menos trabajadores activos, que deberí­an realizar un esfuerzo fiscal mayor (se incrementarí­an las contribuciones para pagar más pensiones). Para los detractores del sistema público de pensiones, la única solución consiste en la capitalización: que cada trabajador aporte parte de su salario a un fondo de pensiones y reciba en función de lo aportado y la rentabilidad obtenida con las mismas, sobreentendiendo que de esta forma se podrán acumularán los fondos necesarios y se paliará la pérdida de capacidad adquisitiva debida a la inflación.

¿Puede la pauta demográfica determinar la capacidad de producir riqueza de una economí­a? Quienes alarman señalando que los sistemas de pensiones contributivos serán insostenibles en un largo plazo, e incluso afirman que algunos de ellos ya están en bancarrota, se basan solamente en el factor demográfico y obvian cualquier factor económico y social que tenga que ver con la producción y distribución de la riqueza. Se trata, pues, de una visión muy sesgada de la realidad. Las relaciones entre la población en edad laboral, el empleo, la capacidad de producción y las pensiones de los retirados son mucho más complejas de la que se plantea en este tipo de argumentos.

¿Pueden menos trabajadores producir la riqueza necesaria para pagar más pensiones? Cuando nos planteamos si será posible que, en el futuro, una población activa menor pueda producir la misma riqueza o mayor, debemos analizar qué es lo que ha estado ocurriendo en el capitalismo a lo largo de los años. Ya inicialmente, lo relevante no es la población en edad de trabajar, sino aquellos trabajadores que están empleados. La evolución del empleo está determinada por factores económicos y no por la demografí­a.[5] En realidad, en la actualidad existe una importante proporción de la población que está parada y no puede trabajar aunque desea hacerlo. Una mejora en los mercados de trabajo permitiendo que más gente trabaje, puede ser un elemento muy importante para mejorar la financiación de las pensiones. Además, se cuenta con una importante población inactiva, que no busca empleo, y que podrí­a pasar a formar parte de los activos si mejorasen las expectativas de ser empleados. Durante los últimos años, se ha observado como el crecimiento económico de los paí­ses ha ido acompañado de una acentuación del desempleo[6], lo cual también significa que menos trabajadores están produciendo una riqueza mayor. No es el número de trabajadores lo que importa, sino su capacidad de producir riqueza, que es cada vez mayor. No es cierto pues, que, en el futuro, el descenso de la población activa u ocupada tenga necesariamente que suponer una insuficiencia de recursos para financiar las pensiones de más retirados. Al contrario, parece una situación muy poco probable.

¿Cómo se distribuye la riqueza entre la sociedad? Si se prevé que menos trabajadores puedan producir más riqueza social, existirí­an recursos suficientes para financiar un mayor gasto en pensiones. El problema real se encuentra en la distribución de la renta: si crece en desempleo, si se reducen los salarios y las condiciones laborales, la mayor riqueza generada se distribuirá de forma que sea la clase propietaria la que dispondrá de una mayor parte del pastel, mientras que la riqueza en manos de los trabajadores será proporcionalmente menor. Por este motivo, podrí­a temerse que las aportaciones al sistema de pensiones contributivas, que provienen de los salarios, disminuyeran en el futuro. El problema será, entonces, que el empeoramiento de la distribución de la renta para la clase trabajadora pueda causar dificultades para la financiación de las pensiones de la población jubilada[7]. De nuevo parece que la mejora en los mercados de trabajo, esta vez en las remuneraciones de los trabajadores, es la mejor receta para la financiación de las pensiones. Además, las dificultades financieras tampoco tienen porque producirse si se realiza lo que señalamos a continuación.

Otra de las trampas que hay en la crí­tica hacia los sistemas de pensiones contributivos es la de limitarse a enfocar la redistribución de recursos en dos generaciones de trabajadores (los activos y los pasivos) y obviar que la distribución de la renta tiene lugar entre las distintas clases sociales. Si fueran necesarios más recursos para financiar las pensiones contributivas, éstos podrí­an proceder de las rentas del capital, y para ello habrí­a de diseñarse un sistema de financiación basado en otros ingresos no limitados a las aportaciones salariales[8], a través de un adecuado sistema de impuestos.

¿Podemos ser solidarios con los ancianos? Si las contribuciones de los empleados no fueran suficientes para pagar un creciente importe en pensiones, tampoco habrí­a motivos para determinar categóricamente que las pensiones deberí­an reducirse, como están haciendo las reformas. Esto implica una pérdida del bienestar material de los ancianos, quienes contribuyeron al bienestar del que disfrutan las generaciones más jóvenes. Pero además existen otros motivos para que los trabajadores fuesen solidarios con los pensionistas: pertenecen a la misma sociedad, son sus padres y abuelos y son los ciudadanos en los que los jóvenes se convertirán en el futuro.

En realidad, no hay motivos suficientes para suponer que el sistema contributivo vaya a quebrar. Nos planteamos entonces ¿por qué tanto interés en desprestigiar de esta forma a las pensiones públicas a la vez que se nos quiere convencer de las bondades de los sistemas de pensiones privados? ¿Por qué el sector privado alcanzarí­a a proveernos de unas pensiones que, según dicen, no podrí­a pagar el sector público? Creemos que la estrategia es clara: se persigue que las pensiones gestionadas por el sector público se recorten, facilitando la expansión de su provisión privada debido a que la privatización de las pensiones ofrece unos grandes beneficios a las empresas financieras, que penetran en un nuevo ámbito en una época en la que el capital necesita expandirse en profundidad para encontrar nuevas oportunidades de acumulación. Las cotizaciones salariales a los sistemas contributivos de pensiones suponen enormes flujos financieros que podrí­an proporcionar una inyección de dinero a los mercados financieros capaz de generar enormes ganancias para sus gestores, sobretodo durante el perí­odo de constitución de los fondos de pensiones, ya que el dinero que allí­ se deposita no ha de ser retornado hasta pasadas varias décadas, durante las cuales se puede emplear para inversiones financieras. Pero para que la gente se disponga a dedicar sus ahorros a las pensiones privadas es necesario que las pensiones públicas disminuyan y que el miedo a la quiebra de éstas se extienda entre los trabajadores.

EL SISTEMA DE PENSIONES EN ESPAí‘A

La Seguridad Social

También en España muchas voces vienen alarmando acerca de la insostenibilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones español, y a la vez denuncian los déficits que, según numerosos estudios[9], presenta la Seguridad Social.

El siguiente gráfico muestra los importes de las cotizaciones salariales a la Seguridad Social y los gastos en pensiones únicamente de la modalidad contributiva[10] para el perí­odo 1981-2003. Se observa cómo, contrariamente a los análisis de quienes pronostican la insostenibilidad financiera del sistema, en todos los años los ingresos superan a los gastos. Si estimamos que los gastos de administración se sitúan en el 1%, como se indica habitualmente, el sistema no presenta déficit en ningún año y el superavit medio es superior al 4,34% del PIB español de cada año. Asimismo, se observa que los gastos se incrementan de manera más o menos estable, mientras que los ingresos fluctúan, mostrando un marcado descenso en 1995 y una tendencia ascendente partir de 1999. Estas fluctuaciones se explican por las variaciones del empleo, y el incremento de los gastos en pensiones por la generación de pensiones nuevas de importes mayores, ya que llegan a la edad de jubilación las generaciones de trabajadores para las cuales los salarios habí­an experimentado una tendencia ascendente.

Gráfico 1. Evolución de los Ingresos y los Gastos del sistema contributivo de pensiones de la Seguridad Social. España, 1991-2003. Millones de euros corrientes.

Fuente: elaboración propia en base a Anuario de Estadí­sticas
Laborales y de Asuntos Sociales, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, varios años.

La reforma del sistema de pensiones en España

En España, la primera reforma surgió de lo que se conoce como Pactos de Toledo, fruto de un acuerdo entre los principales partidos polí­ticos y los sindicatos mayoritarios.

Los puntos fundamentales de esta reforma fueron el aumento de la proporcionalidad del sistema y el retraso y flexibilización de la edad de jubilación. Se trataba que las pensiones fuesen más proporcionales a las aportaciones de cada trabajador. Esto se consigue aumentando el perí­odo de cálculo de la Base Reguladora que pasó de 8 años a 15, lo que reduce el peso de los últimos años que habitualmente son los de salarios más altos. Detrás de la palabra proporcionalidad (que lleva implí­cita una connotación de justicia) se esconde sin duda el individualismo caracterí­stico de la economí­a neoliberal y se pretende diluir el componente social, redistributivo y solidario, del sistema de Seguridad Social para asemejarlo, y en ultimo extremo convertirlo, en un simple sistema de seguros. Si bien cabe destacar que esta medida favorece a algunos colectivos (por ejemplo, los parados de más de 50 años) perjudica claramente al resto la mayorí­a de los trabajadores, pues es en los últimos años de vida laboral donde se consiguen unos salarios más elevados. Asimismo, se modifican los coeficientes de cálculo y se penaliza mucho más cada año no cotizado (se necesitan 35 años cotizados para acceder al 100% de la pensión) y en el caso de la jubilación anticipada también cada año que falta hasta los 65. Una vez más, la perversión del lenguaje afecta la palabra flexibilización; tras la cual se esconde un recorte de prestaciones, pues la medida tomada para retrasar la edad de jubilación es obligar el trabajador a trabajar más si quiere mantener el 100% de la pensión que le corresponde. En conjunto todas estas medidas van dirigidas a disminuir el importe de las pensiones públicas.

Otras medidas que se adoptaron en los Pactos de Toledo fueron: la separación financiera de la Seguridad Social y la constitución de un Fondo de Reserva de la Seguridad Social con cargo a los excedentes del sistema contributivo con la finalidad de atenuar los efectos de los ciclos económicos.

En el año 2001 se realizó una nueva revisión de los Pactos de Toledo[11] en la que se ahonda en los principios anteriores. Entre los cambios más destacados encontramos que se establecen una nueva serie de medidas para retrasar la edad de jubilación efectiva (de nuevo bajo el disfraz de un nombre como el de "jubilación flexible”), facilitando que se alargue la vida laboral más allá de los 65 años (mediante la reducción de cotizaciones y la posibilidad de una jubilación parcial) y modificando de nuevo (a peor) los coeficientes penalizadores en el caso de jubilación anticipada. También se pone especial énfasis en las reducciones y bonificaciones en las cotizaciones empresariales con la excusa de que de esta forma aumentarí­a el empleo.

En los “Segundos Pactos de Toledo” se decidió crear comisiones de estudio para una próxima revisión de los Pactos, que estudiaran la modificación del sistema de cálculo de la Base reguladora con la finalidad que ésta refleje “de forma progresiva todo el esfuerzo realizado a lo largo de toda la vida laboral”[12], lo que supone que el periodo de cómputo se alargue a toda la vida laboral (con los largos periodos de paro que muchos trabajadores sufren ahora, sus bases de cotización se verán seriamente disminuidas). Se prevé también la revisión de la actual situación de los planes de pensiones privados de la modalidad de empleo con la finalidad de potenciarlos, favoreciendo, por un lado, la incorporación a los mismos de las PYMES y empresarios individuales así­ como a sus trabajadores, y por otro, su integración en las negociaciones colectivas.

Resumiendo, se puede señalar que no tenemos motivo alguno para creer que el sistema contributivo de pensiones español, ni ningún otro sistema tradicional similar, presente sí­ntomas de insostenibilidad financiera en el presente y que parece poco probable que ello ocurra en el futuro, y en caso de que ello sucediera, podrí­an encontrarse soluciones factibles. La reforma de las pensiones con la finalidad de privatizarlas no está justificada. Y aún más, tampoco vemos por qué habrí­a de estarlo en caso de déficit de las pensiones públicas

Los fondos de pensiones privados

Paralelamente a todos estos cambios en el sistema público de pensiones, en España se ha producido un espectacular aumento del número de planes y fondos de pensiones tanto en número como en la cantidad que atesoran dichos fondos. Como se observa en el siguiente gráfico, a principios de los noventa los planes de pensiones privados eran casi inexistentes en este paí­s. Pero es sobretodo en la segunda mitad de la década cuando podemos observar un cambio de tendencia y aumenta la cantidad de planes de pensiones suscritos, pero sobretodo se dispara la cantidad que atesoran dichos fondos y que ya asciende a más de 55 mil millones de euros. Este aumento se debe fundamentalmente a la campaña ideológica que desde mediados de los 80 desprestigia a los sistemas de pensiones públicos y sobretodo en estos últimos años al aumento de las bonificaciones fiscales para quienes realizan aportaciones a un plan de pensiones.

Gráfico 2. Evolución del patrimonio de los fondos de pensiones. 1990-2003 (31 diciembre) y 30 de septiembre de 2004. Miles de euros corrientes.

Fuente: elaboración propia en base a INVERCO.

Hay que tener en cuenta, además, que las pensiones privadas no superan el riesgo de insostenibilidad financiera, sino simplemente trasladan este riesgo a los individuos: si los fondos de pensiones no alcanzan la rentabilidad suficiente para devolver los importes aportados revalorizados según la inflación, con tal de mantener su valor real, disminuye la cuantí­a de las pensiones. Es más, la capitalización de las pensiones eliminan el componente solidario y redistributivo que existe en la esfera pública, por lo que creemos que son injustas e implican una regresión de los derechos sociales. Aún más cuando las pensiones privadas son, por si mismas, regresivas en el sentido que aquellas personas que dispongan de más recursos podrán acceder a unas pensiones mayores, y aquellos con salarios bajos y escasa capacidad de ahorrar, no podrán acceder a planes de pensiones privados, o lo harán por cantidades que supondrán pensiones muy reducidas.

¿HACIA QUé SISTEMA QUEREMOS IR?

En la sociedad actual, con la precarización laboral y la extensión del desempleo, cada vez es más difí­cil para la clase trabajadora acceder a un salario relativamente digno. El bienestar de las clases populares se está degradando, y la necesidad de protección por la vejez y las demás contingencias (orfandad, viudedad e incapacidad laboral) es más necesaria. Ante esta situación, la incorporación al trabajo es mucho más difí­cil y se hace en unas condiciones (salariales) más precarias, y además es injusto que se excluya a las personas que, por muchas circunstancias, se mantienen al margen del mercado laboral: el cuidado de los familiares, el trabajo doméstico,… ¿hacia qué sistema de pensiones es necesario dirigirse?

Desde luego, no al que se dirigen las reformas, basado en el mercado privado. Pero como ya se ha apuntado anteriormente, parece que el sistema corporativo tradicional tampoco puede ofrecer buenas perspectivas para aquellos que tienen trabajos cada vez más irregulares o ninguno, ya que en él la pensión está ligada al trabajo. Creemos que es necesario, y cada vez de manera más manifiesta, apelar al principio de ciudadaní­a: que todo ciudadano tenga derecho a una pensión independientemente de su participación en la vida laboral. Asimismo, creemos el coste del bienestar de los retirados no ha de recaer únicamente sobre los trabajadores (pasados o actuales), con más motivos cuando, tal y como ya hemos comentado, éstos son quienes menos se benefician del crecimiento económico. Así­ pues, queremos dirigirnos hacia sistemas de pensiones diseñados para la universalidad, y que se financien con la contribución de toda la riqueza, incluyendo los rendimientos del capital.

Elena Idoate y Joan Junyent (Seminario de Economí­a Crí­tica TAIFA)
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[1] Las pensiones privadas no cubren otras contingencias.
[2] Actualmente, la mayorí­a de los nuevos planes de pensiones son de contribución definida. Los de la modalidad de beneficio definido, si bien no dependen directamente de la rentabilidad del fondo, sí­ que son dependientes de la capacidad de la empresa que los patrocina de satisfacer la diferencia entre las pensiones previstas y los fondos acumulados cuando éstos sean insuficientes. Por este motivo, el plan puede correr riesgo de quiebra.
[3] Si bien el artí­culo 40 dela Constitución Española, dedicado a la Seguridad Social, menciona que “la asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.
[4] La población ocupada comprende aquellas personas en edad laboral que están empleados.
[5] Según la Organización Internacional de Trabajadores (OIT), en los últimos diez años el desempleo mundial ha aumentado más del 32%, mientras se observa que la población activa ha incrementado entre el 0,6% y el 3,1%, dependiendo de la región.
[6] Siguiendo también las estadí­sticas de la OIT, la tasa de crecimiento del PIB se ha situado, en la última década, entre el 2,3 y el 7,1% según las regiones.
[7] Cabe destacar que, actualmente, el sistema de pensiones contributivo excluye aquellas personas que no han cotizado en el mercado laboral por un perí­odo mí­nimo, y éstas son ahora sobretodo mujeres que han trabajado en el ámbito doméstico, no retribuido. Dada la falta de ingresos de éstas, tampoco los planes de pensiones privados les pueden ofrecer mejores pensiones.
[8] Esta opción se ve reforzada si se tiene en cuenta el desequilibrio en la distribución de la renta cuando los salarios, y en consecuencia las pensiones, crecen por debajo del crecimiento económico.
[9] Muchos de ellos patrocinados por entidades financieras privadas, como ‘La Caixa’ o el antiguo ‘BBV’.
[10] Incluye las partidas de Pensiones contributivas, Incapacidad Temporal y Maternidad a partir de 1995.

[11] Estos “Segundos pactos de Toledo” fueron elaborados por las mismas partes que los primeros y la patronal, pero esta vez con la excepción del sindicato UGT.

[12]Se fijó el 2004 como plazo para esta nueva revisión, sin embargo en el momento de escribir estas lí­neas todaví­a no hay constancia que se ha iniciado ninguna discusión al respecto.