Nacionalizaciones en Bolivia


Estas son algunos comentarios a un articulo de mi buen amigo Juanjo sobre el “proceso de nacionalización” de los recursos hidrocarburí­feros en Bolivia.
Podeis ver el artí­culo original Nacionalizaciones en su blog (Juanjo’s blog).

El Estado ha demostrado ser habitualmente incapaz de llevar a cabo una gestión óptima cuando se encuentra con disponibilidad amplia de recursos, más si cabe cuando existen dudas (justificadas o no) sobre la capacidad técnica de los especialistas estatales.

Tendrí­amos que discutir que entendemos por “gestión óptima”, concepto que obviamente difiere entre una empresa priva y una empresa orientada al beneficio público, pero donde no hay lugar a dudas es en la capacidad del estado de formar a técnicos competentes. Prueba de ello es que casi todas las compañí­as que se dedican a la extracción de gas y/o petroleo son antiguas empresas estatales posteriormente privatizadas. Fue el sector público (español en el caso de Repsol, británico en el caso de BP, etc…) quien tuvo que desarrollar la técnica que hiciera posible la extracción así­ como la formación del personal cualificado.

Tampoco se puede saber si sufrirá la habitual superinflación que suelen contraer los gobiernos que limitan la intervención privada,

No hay ninguna relación directa entre la intervención estatal y la inflación. Aunque aumentar el gasto público (que presupongo que es lo que desea hacer Morales con los ingresos derivados de la “nacionalización”) puede llevar a un aumento de la inflación (al comportar un aumento de la demanda agregada) esto no tiene porque traducirse en hiperinflación. Solo tenemos que recordar que España es el paí­s de la UE con mayor inflación y eso no es precisamente debido al elevado nivel de intervención estatal sino a que es el paí­s europeo que más crece y el crecimiento conlleva inflación.

Aunque supongo que a lo que tu te quieres referir es a los efectos del “mal holandés”.
Si es así­, el hecho que el recurso natural en cuestión (en este caso gas y petroleo) este gestionado por una empresa pública o privada no tiene importancia. Lo importante es como se gestiona la entrada de dinero en el paí­s.

Morales debe buscar el equilibrio en su polí­tica económica,

De nuevo deberí­amos preguntarnos por la definición de equilibrio. Es equilibrado que Repsol obtenga beneficios récord mientras el pueblo boliviano esta sumido en la pobreza? En mi humilde opinión creo que no.
Por otro lado no deja de ser curioso la cantidad de gente que considera a Evo Morales un peligroso “izquierdista”sin que hasta el momento hay hecho nada más allá del seseo de mejorar las condiciones de vida de los bolivianos. Esto me lleva a pensar quizás que el rechazo que provoca Morales en España se debe más a las formas que al contenido. Durante siglos, la clase polí­tica de América Latina habí­a intentado actuar de una forma “occidentalizada”. En los últimos años, por otro lado, estamos viendo en América Latina el nacimiento de una forma autóctona de hacer polí­tica con unas formas que desde una perspectiva “occidental” pueden parecer groseras y populistas pero que cobran sentido en el contexto en que se enmarcan. Y en este sentido es innegable que el nivel de movilización y concienciación polí­tica en Bolivia no tiene precedentes en una sociedad que viví­a al margen de la polí­tica y deberí­amos alegrarnos de ello en vez de dejarnos llevar por nuestros prejuicios sobre como debe ser la polí­tica y nuestro miedo a lo desconocido.

tampoco se puede saber qué van a hacer las naciones que saltarán tras las empresas desposeí­das de sus millonarias inversiones

Es curioso que la misma gente que critica el intervencionismo estatal en Bolivia encuentra “normal” que otros gobiernos intervengan para proteger los intereses de inversores privados. Resulta irónico que después del esperpéntico circo que protagonizaron tanto gobierno como oposición en el caso de la OPA “hostil” de Gas Natural a Endesa se atrevan a dar lecciones a Bolivia de como gestionar su mercado energético.

Tras estos estos 4 comentarios, que Juanjo sabe que no van dirigidos a él si no que son opiniones ámpliamente generalizadas, recomendarí­a a quien quiera que le echara un vistazo al famoso decreto de nacionalizaciones y no se dejara “intoxicar” por las noticias que sirven los medios de comunicación españoles. (No deja de ser curioso que aquí­ en Noruega donde todos los temas relacionados con el petroleo tienen, por razones obvias mucha repercusión, la “nacionalización” boliviana esta pasando casi desapercibida).

No quiero hablar de conspiraciones pero no deberí­a pasar inadvertido a nadie la estrecha relación entre grandes empresas españolas con intereses en América Latina (léase Repsol, Telefónica, Gas Natural…) y los medios de comunicación ya sea con participaciones cruzadas en los grandes grupos mediáticos (algunos de los cuales con intereses propios en la región) o mediante el poder que supone el enorme gasto publicitario de dichas compañí­as.

El Decreto Supremo 28701 es un texto complejo, confuso e incluso presenta algunos artí­culos contradictorios, pero lo que queda muy claro es que no es para alarmarse y que no va a llevar a la ruina a las empresas petroleras y gasistas. Técnicamente los recursos naturales son propiedad del paí­s en el que se encuentran y no de la compañí­a que los explota en régimen de concesión por lo que en este sentido no existe tal nacionalización. En este sentido el tí­tulo del decreto le hace un flaco favor al texto pero debe entenderse en el sentido que en esta nueva renovación de contratos el estado boliviano va a ejercer el poder de negociación que le otorga la propiedad de los recursos y no va a regalar sus recursos naturales al precio que dicten las compañí­as petroleras y gasistas.

Por otro lado el decreto no expropia las instalaciones ni la maquinaria de las empresas que operan en Bolivia. Si bien habla que que tendrán que ser participadas por la empresa pública YPFB no se especifica como se va a llevar a cabo esta participación. El art. 7 num. II prescribe que “se nacionalizan las acciones necesarias para que YPFB controle como mí­nimo el 50% más 1 en las empresas Chaco S.A., Andina S.A., Transredes S.A., Petrobrás Bolivia Refinación S.A. y Compañí­a Logí­stica de Hidrocarburos de Bolivia S.A” . A simple vista podrí­a parecer que YPFB pasarí­a a ser propietaria de dichas empresas pero el texto habla de control y no de propiedad que son cosas distintas.

Se ha dicho que el gobierno boliviano pasará a apropiarse del petroleo y gas producido. Eso no es cierto, aunque se obligará a las empresas extractoras a venderlo en exclusiva a la empresa estatal YPFB a precios regulados (suficientes para cubrir los costes de extracción y amortización de las inversiones). Esta medida, que a muchos les parecerá abusiva y monopolista tiene la intención de controlar la venta “no declarada” de petroleo y gas. Recordemos que hace un mes aproximadamente se abrió una investigación a la filial boliviana de Repsol/YPF por un presunto delito arancelario, es decir, exportar más crudo del que se declaraba. Dado que los impuestos se pagan en función del valor declarado esto equivaldrí­a a “un presunto” (la investigación todaví­a no ha terminado) delito de evasión de impuestos. Dado que la mayor parte de las ventas de hidrocarburos se realizan entre empresas del mismo grupo (ex: Repsol Bolivia a Repsol Argentina) es muy difí­cil controlar estas transacciones fraudulentas. Es en este contexto que debe leerse esta medida adoptada por el gobierno boliviano.

Además el decreto 28701 no prohí­be que las empresas extranjeras puedan seguir explotando los recursos petroleros sino que mantiene la posibilidad que sigan realizando todas las etapas de la cadena productiva.

En el caso boliviano además tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de las acciones de las empresas que se pretende “nacionalizar” (Chaco S.A., Andina S.A., Transredes S.A., Petrobrás Bolivia Refinación S.A. y Compañí­a Logí­stica de Hidrocarburos de Bolivia S.A) ya pertenecen al Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), una especie de fondo que pertenece a todos los Bolivianos y que se creo en momento de la privatización de muchas empresas públicas con lo que tampoco se perjudica a los actuales propietarios de dichas acciones al garantizarse el pago de BONOSOL (el pago anual que realiza el FCC).

Vemos por tanto que no se trata de una expropiación y nacionalización de bienes de las empresas extranjeras como transmiten los medios de comunicación si no más bien de una renegociación de los contratos que rigen las concesiones para explotar el petroleo y gas bolivianos. Una renegociación en la cual el estado boliviano reclama una mayor parte de los ingresos derivados de la explotación de sus recursos hidrocarburí­feros. Cabe recordar que las empresas petrolí­feras que operan en Bolivia presentan los costos unitarios de producción y de exploración de hidrocarburos (entre estos costes se incluyen los impuestos) más bajos entre 200 empresas analizadas a nivel mundial (Global Upstream Performance Review 2003) por lo que parece justo y razonable que los bolivianos quieran aumentar los beneficios que obtienen de la explotación de sus recursos naturales no renovables.

Más información:

Decreto Supremo N 28701 (PDF)
El decreto confisca acciones del Fondo de Capitalización (larazon.com)
Petroleros y bolivianos (Juan Torres López)
Lo que ganan las transnacionales petroleras en Bolivia (rebelion.org)
Análisis crí­tico del decreto de nacionalización de hidrocarburos (rebelion.org)