Acuerdo sobre Medidas en Materia de Seguridad Social (2006)

Gobierno, patronal y sindicatos firman la reforma para asegurar el futuro de las pensiones
El pasado 13 de julio, gobierno, las organizaciones patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos UGT y CC.OO, firmaron el “Acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social”. El acuerdo final es muy parecido a las Propuestas de medidas de reforma de la Seguridad Social que remitió el gobierno a sindicatos y patronal el noviembre pasado. Dicho acuerdo consta de cinco ejes básicos.

El primer lugar, adecuar los gastos y los ingresos de la seguridad social para garantizar su sostenibilidad.
En segundo lugar mejora y extensión de los complementos de mí­nimos.
En tercer lugar alcanzar una mayor proporción entre el esfuerzo contributivo y los derechos generados.
En cuarto lugar, incentivar la prolongación de la vida laboral más allá de la edad obligatoria de jubilación.
Y por último avanzar en el proceso de simplificación y “racionalización” del sistema de regí­menes de la Seguridad Social.

I. GARANTÍA DE LA ADECUADA RELACIÓN ENTRE INGRESOS Y GASTOS DEL SISTEMA.

  • 1. El Gobierno ratifica su compromiso de asumir, con cargo a la imposición general, la financiación de los complementos a mí­nimos de las pensiones contributivas.
  • Dicho compromiso estaba ya incluido en los Pactos de Toledo y que a dí­a de hoy sigue sin asumir.

  • 2. La aprobación de una nueva tarifa de primas de cotización por contingencias profesionales. La anterior data de hace 26 años.
  • 3.

    La evolución de las cotizaciones sociales, dentro de un marco general que asegure la competitividad de las empresas españolas, la generación de empleo y el desarrollo económico, debe mantener una relación acorde con los incrementos de afiliación, la correspondencia entre aportaciones y prestaciones, la evolución de los salarios y la productividad de la economí­a española.

  • Dicho párrafo es toda una declaración de intenciones. Las cargas empresariales no deben subir para no lastimar la competitividad de las empresas españolas y la generación de nuevos puestos de trabajo, los salarios solo aumentaran si lo hace la productividad del trabajo y al mismo tiempo debe mantenerse una estracha relación entre cotizaciones y prestaciones lo que hace preveer una progresiva diSMInución de las prestaciones.

  • 4. Se mantiene una mayor base mí­nima de cotización a partir de los 50 años para aquellos trabajadores por cuenta propia que hayan cotizado menos de cinco años.
  • 5. Alcanzar en la próxima década un í­ndice de morosidad inferior al 1%.

II.MEJORA DE LA ACCIÓN PROTECTORA NO CONTRIBUTIVA.

  • 1. Se extenderá la garantí­a de los complementos a mí­nimos a los pensionistas de incapacidad permanente total cualificada menores de 60 años.
  • 2. A efectos de la percepción de los correspondientes complementos a mí­nimos por viudedad para beneficiarios menores de 60 años, la acreditación de una discapacidad igual o superior al 65% se equiparará a la existencia de cargas familiares.
  • 3. Se mejoraran las deducciones por hijo a cargo en la legislación tributaria (IRPF), de las prestaciones económicas del nivel contributivo de la Seguridad Social y de las prestaciones familiares del nivel no contributivo.

III. MEDIDAS EN EL íMBITO DE LA ACCIÓN PROTECTORA DERIVADA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS.

1. Pensión de jubilación.

Con la finalidad de incrementar la correspondencia entre cotizaciones y prestaciones, se acuerdan las siguientes medidas:

  • a) El perí­odo mí­nimo de cotización para generar la pensión de jubilación se definirá en 5.475 dí­as (15 años efectivos de cotización), o su equivalente real en dí­as/cuota. El aumento se realizará a lo largo de cinco años.
  • b) Coincidiendo con la presentación a los órganos correspondientes de la Unión Europea de los “informes periódicos sobre evaluación y estrategia del sistema de pensiones”, la Administración de la Seguridad Social presentará ante el Parlamento y a los interlocutores sociales estudios sobre la situación presente y futura del sistema. NOTA: dichos informes son publicos y de libre acceso en las páginas web de la Unión Europea y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2. Pensión de incapacidad permanente.

En el objetivo de mejora de la regulación de la incapacidad permanente, y a fin de evitar que se convierta en una ví­a de acceso a la protección para las carreras de cotización insuficientes, se acuerdan las siguientes medidas:

  • a) Se flexibilizará el perí­odo mí­nimo de cotización exigible para los trabajadores más jóvenes (menores de 31 años) estableciéndose en un tercio del perí­odo comprendido entre la fecha del cumplimiento de los 16 años y la del hecho causante.
  • b) La cuantí­a de la pensión de incapacidad permanente, derivada de enfermedad común, se determinará aplicando a la base reguladora establecida en la legislación vigente el porcentaje que corresponda, en función de los años de cotización, considerándose a estos efectos cotizados los años que le resten al interesado hasta los 65 años. A su vez, al resultado obtenido se le aplicará el porcentaje, establecido en la actualidad en función del grado de incapacidad reconocido. Se establecerá un importe mí­nimo para la pensión de incapacidad permanente, en el grado de incapacidad permanente total para la profesión habitual.
  • c) La pensión de incapacidad permanente, en el grado de incapacidad permanente total, se excluirá para aquellas profesiones cuyos requerimientos fí­sicos resultan inasumibles a partir de una determinada edad. Estas profesiones se determinarán reglamentariamente, previa comprobación de que los cotizantes a las mismas se mantienen en su práctica totalidad en edades inferiores a los 45 años.
  • Esto puede suponer un grave perjuicio para determinados colectivos pues después de años trabajando en trabajos considerados “penosos, peligrosos o tóxicos” pueden verse abocados a cambiar de sector laboral, cosa dificil para los mayores de 45 años tal como se encuentra el mercado de trabajo. Además, aunque se prevé la posibilidad de jubilación anticipada para estos colectivos. Esta no podrá ser nunca antes de los 52 años, dejando un peligroso hueco entre los 45 y los 52.

  • d) La cuantí­a del complemento de gran invalidez se situará en el resultado de sumar al 50% de la base mí­nima de cotización vigente en cada momento el 25% de la base de cotización correspondiente al trabajador, calculadas ambas en función de la contingencia que origine la prestación.
  • e) Se aprobará una nueva lista de enfermedades profesionales, siguiendo la Recomendación Europea sobre enfermedades profesionales de 2003, que adecue la lista vigente a la realidad productiva actual, así­ como a los nuevos procesos productivos y de organización. De igual modo, se modificará el sistema de calificación, notificación y registro de las enfermedades profesionales, con la finalidad de hacer aflorar enfermedades profesionales ocultas y evitar la infradeclaración de tales enfermedades.

3. Pensión de viudedad.

Teniendo en cuenta la realidad social existente en nuestro paí­s en la actualidad, con la finalidad de mejorar la situación de las familias que dependen de las rentas del fallecido y adecuar la acción protectora del sistema a las nuevas realidades sociales, en el ámbito de la pensión de viudedad se acuerda la adopción de las medidas siguientes:

  • a) La pensión de viudedad debe recuperar su carácter de renta de sustitución y reservarse para aquellas situaciones en las que el causahabiente contribuí­a efectivamente al sostenimiento de los familiares supérstites: matrimonio; parejas de hecho, siempre que tuviesen hijos en común con derecho a pensión de orfandad y/o existiese dependencia económica del sobreviviente respecto del causante de la pensión; o personas divorciadas perceptoras de las pensiones previstas en el Código Civil.
  • b) En caso de matrimonio, se requerirá un perí­odo previo de ví­nculo conyugal de dos años o la existencia de hijos en común con derecho a pensión de orfandad. De no acreditarse ese perí­odo y ante la ausencia de hijos con derecho a pensión de orfandad, se concederá una pensión temporal con una duración equivalente al perí­odo acreditado de convivencia matrimonial.
  • c) En los supuestos de parejas de hecho, para acceder a la pensión de viudedad se precisará la constatación de convivencia mutua, estable y notoria, durante un periodo amplio, a determinar. En caso de existencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad, se precisará, además, dependencia económica del conviviente sobreviviente, en más del 50% de sus ingresos. Si no existen hijos comunes, se exigirá dependencia económica en más del 75% de los ingresos. Cuando no se acceda a la pensión de viudedad debido al perí­odo de convivencia o a la falta de dependencia económica, y existiesen hijos comunes con derecho a pensión de orfandad, el importe que hubiera correspondido a la pensión de viudedad acrecerá aquélla.
  • d) En los supuestos de distribución de la pensión entre distintos conyuges se garantira ell 50% de la pensión en favor del último cónyuge.
  • e) Para los nacidos con posterioridad a 1 de enero de 1967 se establecerán, previa la realización de un estudio, en el marco de la Comisión no Permanente de valoración de los resultados del Pacto de Toledo, reglas para la reformulación de la pensión de viudedad que, a su vez, serán objeto de negociación en el marco del diálogo social.

A grandes rasgos, se endurecen las condiciones de acceso y se pretende que sea una renta de sustitución. Para las generaciones jóvenes todaví­a debemos una mayor reestructuración de la pensión de viudedad.

4. Pensión de orfandad.
En el ámbito de la pensión de orfandad, se acuerdan las siguientes medidas:

  • a) La atribución del porcentaje del 70% en la pensión de viudedad, en los supuestos de menores rentas, no irá en detrimento de la cuantí­a de las pensiones de orfandad.
  • b) La mejora progresiva de la pensión mí­nima de orfandad, en el caso de beneficiarios, menores de 18 años y con una discapacidad igual o superior al 65%.
  • c) El incremento de la cuantí­a de las pensiones de orfandad, en el caso de parejas de hecho, cuando el conviviente no tuviese derecho a la pensión de viudedad.

5. Prestación de incapacidad temporal.
En el ámbito de la incapacidad temporal, se acuerda la adopción de las siguientes medidas:

  • a) Cuando el proceso de incapacidad temporal (IT) derive de una contingencia profesional y durante la percepción de la prestación se extinga el contrato de trabajo, el interesado seguirá percibiendo la prestación por IT hasta el alta médica, pasando después, si reúne los requisitos necesarios, a la situación de desempleo, sin que el perí­odo de la situación de IT consuma perí­odo de prestación de desempleo.
  • b) Se unificarán criterios al respecto de los procesos de incapacidad, a fin de evitar que puedan producirse situaciones de desprotección de los trabajadores.

IV. MEDIDAS EN TORNO A LA EDAD DE JUBILACIÓN Y A LA PROLONGACIÓN DE LA VIDA LABORAL.

Con el objetivo de adecuar la jubilación a la realidad actual, adoptando medidas que, en lí­nea con las orientaciones de la Unión Europea y otros Organismos Internacionales, procuren incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral, así­ como una mayor conexión entre los mecanismos de jubilación flexible con los requerimientos de los procesos productivos, las partes firmantes del Acuerdo se comprometen a la adopción de las siguientes medidas:

1. Jubilación parcial.
El acceso a la prestación de jubilación parcial se supedita al cumplimiento de los siguientes requisitos:

  • a) 61 años de edad (60 para los trabajadores “mutualistas”).
  • b) Un perí­odo de antigüedad mí­nima en la empresa de seis años.
  • c) 30 años de perí­odo de cotización.
  • d) La reducción máxima y mí­nima de la jornada habitual de trabajo del trabajador que pasa a la jubilación parcial será del 75% y del 25%, respectivamente. Se podrán establecer porcentajes de reducción de la jornada entre el 85% y el 25%, siempre que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa y mediante un contrato de duración indefinida.
  • e) Si el puesto de trabajo del trabajador relevista no pueda ser el mismo o uno similar se precisará que exista una correspondencia entre las bases de cotización de ambos (mí­nimo el 65% de la base de cotización).

Se endurecen las condiciones de entrada a una medida pensada para prolongar la vida laboral que se ha convertido en una medida para la jubilación (aunque parcial) anticipada.

2. Jubilación anticipada.
En el ámbito de la jubilación anticipada se acuerdan las siguientes medidas:

  • a) Los coeficientes reductores, siempre y cuando se acrediten entre 30 y 34 años de cotización, serán del 7’5% por cada año que falte para el cumplimiento de los 65 años de edad.
  • b) se añadirá una cantidad a tanto alzado para mejorar las pensiones causadas, antes de 1º de enero de 2002, por trabajadores con 60 ó más años que hubiesen sido despedidos y accedido a la jubilación anticipada, acreditando 35 ó más años de cotización.
  • c) Se calificaran como involuntarias las jubiliaciónes anticipadas fruto de expedientes de regulación de empleo (ERES)

    3. Reducción de la edad por realización de trabajos penosos, peligrosos o tóxicos.
    Previa trealización de un estudio y del desarrollo de la Ley se estableceran coeficientes reductores de la edad de jubilación por realización de trabajos penosos, peligrosos o tóxicos. En ningún supuesto, la aplicación de los coeficientes reductores podrá ocasionar que la edad de acceso a la jubilación pueda situarse en menos de 52 años.

    4. Cotización a la Seguridad Social durante la percepción del subsidio de desempleo para mayores de 52 años.
    La cotización a la Seguridad Social durante la percepción del subsidio de desempleo para mayores de 52 años sera equivalente al 125% del SMI para favorecer mayores cotizaciones y poder acceder a una mejor pensión. En la actualidad es del 100% del SMI.

    5. Incentivos a la prolongación voluntaria de la vida laboral.

    Con la finalidad de incrementar el número de trabajadores que deciden voluntariamente llegar a la edad ordinaria de jubilación o retrasarla, la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación debe estar incentivada, con independencia tanto de los años cotizados (si estos superan el perí­odo de carencia) como de la base de cotización.
    La pensión de los jubilados a partir de los 66 años debe ser superior en todo caso a la que les corresponderí­a a los 65 años.

    Para el cumplimiento del objetivo señalado, se acuerda la adopción de las siguientes medidas:

  • a) Quienes se jubilen con 66 o más años de edad real tendrán los siguientes beneficios:
    • a.1) Si el pensionista tiene derecho a la pensión máxima, percibirá anualmente una cantidad a tanto alzado equivalente a un 2% de la magnitud citada por cada año de trabajo addicional o de la fecha en que se adquiere el derecho a la pensión máxima, de ser posterior. Dicho porcentaje será del 3% si el interesado acredita 40 o más años de cotización. En ningún caso, la suma de la cantidad a tanto alzado más el importe anual de la pensión máxima podrá superar la cuantí­a, también en cómputo anual, del tope máximo de cotización.
    • a.2) En los supuestos en que no se alcance la cuantí­a de la pensión máxima, se tendrá derecho a un incremento de un 2%sobre la base reguladora por cada año que haya transcurrido después de los 65 años, salvo que en dicha fecha se tengan acreditados 40 años de cotización, en cuyo caso el porcentaje indicado será del 3%.
  • b) Se ampliarán a todos los trabajadores mayores de 59 años con contrato indefinido las bonificaciones ya existentes para mayores de 60 años con 5 años de antigüedad.

V. REFORMAS EN LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Siguiendo las recomendaciones 3ª y 6ª del Pacto de Toledo, se toman las siguientes medidas para simplificar la estructura de regimenes. Bajo el pretexto de la equidad y la “equiparación en prestaciones y obligaciones de los cotizantes del sistema” se pretende reducir el componente redistributivo y solidario entre regí­menes.

  • 1. Se integra en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario.
  • 2. Se acuerda que el Régimen Especial Agrario, trabajadores por cuenta ajena, se integre en el Régimen General (con efecto a partir del 1 de enero de 2009), mediante la articulación de un sistema especial que permita avanzar en la efectiva equiparación de las prestaciones para los trabajadores y que evite un incremento de costes perjudicial para la competitividad y el empleo de las explotaciones agrarias. A tal fin, se establece un perí­odo transitorio de entre 15 y 20 años. El sistema especial partirá de los actuales tipos de cotización. Se incorporarán a la cotización agraria bonificaciones y reducciones que incentiven la estabilidad en el empleo y la mayor duración de los contratos, con el objetivo de hacer compatible la mejora de las prestaciones de los trabajadores y la contención de los costes empresariales.
  • 3. En relación con el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar y el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos, se adoptarán las medidas necesarias a fin de impulsar la diversificación de actividades para los colectivos que quieran complementar la recolección y cultivo de especies marinas con procesos de manipulación, envasado y comercialización de las mismas.
  • 4. En relación con el Régimen Especial de Empleados de Hogar se analizará el establecimiento de medidas de aplicación paulatina que permitan que el Régimen Especial de Empleados de Hogar confluya en el Régimen General cuando la identidad de tipos de cotización sea plena. Se adoptarán también las medidas oportunas respecto de los trabajadores discontinuos (“por horas”) en orden a asegurar el mantenimiento, en tanto se realice la actividad, del alta y de la cotización, así­ como de un nivel adecuado de protección.
  • 5. Se estudiará la modificación de la legislación reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, con la finalidad de “obtener una gestión que procure una mayor rentabilidad para sus dotaciones, garantizando la seguridad en las inversiones”.
  • 6. De igual modo, se procederá a la simplificación y unificación de las reservas de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social para una gestión más transparente.

VI. SOSTENIBILIDAD Y ADAPTACIÓN DEL SISTEMA.

Las partes firmantes de este Acuerdo se comprometen a proponer la adopción de las medidas necesarias para garantizar en todo momento la sostenibilidad del sistema, su mejora y adaptación a la realidad social existente.

VII. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Se crea una Comisión de Seguimiento a fin de continuar el Diálogo Social en el desarrollo legal y reglamentario del mismo así­ como el compromiso de realización de estudios sobre la evolución de contribuciones y prestaciones para evaluar la sostenibilidad del sistema.

Más información

Nota de prensa del sindicato UGT: Firmado el Acuerdo sobre Medidas en Materia de Seguridad Social
Nota de prensa del sindicato CGT: La CGT davant la reforma de la Seguretat Social
Cuadernos de Información sindical (CC.OO): Acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social; Valoración de CC.OO. y cuadro comparativo (documento en formato PDF)
Nova reforma de la Seguretat Social: “La Banca torna a guanyar” (Desiderio Martí­n – Gabinet d’Estudis Confederal de la CGT)