Al Regne Unit: El Regne Unit es planteja elevar l’edat de jubilació als 70 anys.

Als EEUU (pel que fa a sistemes de pensions públics):

• New Mexico: augmentar el requisit de 25 a 30 treballats (a partir del 2010).
• New Jersey: augmentar l’edat mínima de jubilació de 60 a 62 anys.
• Kentucky: destinar un 1% del salari dels treballadors en actiu per a cobrir les prestacions sanitàries dels pensionistes.

Font: El País i AP via PensionPulse.

Ja sabeu que sóc un gran admirador de la feina que fa el departament d’infografies del diari Público. Ara bé, aquesta vegada han fet una bona patinada…

Público - 30/01/2009

La notícia era que el govern permetrà als aturats (després de 6 mesos a l’atur) rescatar parcialment els seus plans de pensions. Per a il·lustrar-ho van escollir elaborar un gràfic amb l’evolució del nombre d’aturats i el nombre de partíceps (persones que tenen un pla de pensions).

Ara bé, deixant de banda l’error d’equivocar-se en la llegenda (en realitat, el vermell correspon als partíceps i el negre als aturats), l’errada greu és que sobreposant aquestes dues informacions en un mateix gràfic, dona la sensació que els 3,2 milions d’aturats actuals formen part dels 7,5 milions de partíceps quan, en realitat, el més probable és que donat que la crisi colpeja primer als sector més febles, la majoria d’aquests 3,2 milions d’aturats no hagin pogut destinar mai una part del seu salari a un pla de pensions i no puguin per tant beneficiar-se d’aquesta mesura.

P.D.: Malgrat aquesta reslliscada continuo recomanant a tothom el treball de l’equip infográfic de Público.

La gent de la revista Al Abordaje de la secció sindical de la CGT del BBVA van posar-se en contacte amb mi per tal de reproduir a la seva revista l’article que vaig publicar el passat estiu a Viento Sur La reforma del Fondo de reserva de la Seguridad Social. Els interessava més però que fos en format entrevista ja que no acostumen a publicar articles d’aquesta extensió. Aquí en teniu el resultat.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministerio de Economía y Hacienda y los agentes sociales (sindicatos UGT y CCOO y las organizaciones patronales CEOE y CEPYME) llegaron a un acuerdo para la reforma de la ley reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

¿Que es el Fondo de Reserva de la Seguridad Social?

Es un fondo creado a raíz de los Pactos de Toledo y que, a partir del 2000, se nutre del excedente que procede del ámbito contributivo de la Seguridad Social. Es decir, se alimenta del excedente entre las cotizaciones y las prestaciones pagadas en concepto de pensiones contributivas. Su finalidad no es otra que servir de colchón financiero para los tiempos de vacas flacas, en los que las cotizaciones puedan no ser suficientes para cubrir las pensiones.

En la actualidad la práctica totalidad del Fondo se invierte en títulos de renta fija nacional o extranjera (deuda pública) de países con una elevada calificación crediticia. El resto, una parte muy pequeña, está depositado en una cuenta del Banco de España. Es decir, se invierte en valores casi totalmente seguros. Con la reforma propuesta el Fondo podría invertir además en valores de renta fija emitidos por entidades de derecho privado (obligaciones), acciones y otros instrumentos financieros de renta variable (acciones, opciones, futuros etc.), divisas y participaciones en instituciones de inversión colectiva (fondos de inversiones), activos todos ellos que conllevan un riesgo considerable. Se persigue “dotar a su gestión de una mayor flexibilidad para conseguir conjugar la seguridad en las inversiones con una mayor rentabilidad, mediante la diversificación del riesgo”. Así “se debe seguir la tendencia del resto de los países de diversificación de inversiones y abrirse a la renta variable” dando entrada además a la gestión privada.

Se habla de diversificar las inversiones. ¿No parece esto una buena idea?

Actualmente, el rendimiento obtenido por el Fondo de Reserva es del 4,2%. Sin embargo, en el 2006, la bolsa española obtuvo el mejor registro de su historia y cosechó una rentabilidad superior al 30%. Sin duda tal diferencial debe haber hecho perder la cabeza al gobierno, patronal y sindicatos para dejarse engañar por las ganancias fáciles de otros, creyendo que la euforia actual de la bolsa va a ser permanente. Parece además que la euforia les ha hecho olvidar que en los mercados nadie regala nada, que mayores rentabilidad conllevan también mayores riesgos, que la rentabilidad pasada no garantizan la rentabilidad futura y que aunque la bolsa suba esto no impide que haya inversores que pierdan dinero. No podemos olvidar, además, que aunque se hable de la evolución de la bolsa, esta no es más que un índice que agrupa a las principales empresas cotizadas pero no es un grupo cerrado y unas empresas sustituyen a otras dando la sensación de subida continuada e infravalorando las caídas. Y eso sin contra la posibilidad de quiebras y escándalos financieros.

Pero… ¿No habrá un control sobre las inversiones?

Según el gobierno en las inversiones “se tendrán en cuenta los principios de responsabilidad social, económica y ambiental”. Sin embargo también se hace especial hincapié, para tranquilidad del capital, en el hecho que las inversiones del Fondo no otorgaran derechos políticos y no se intervendrá en la gestión de las empresas participadas (lo que sin duda sería la mejor forma de hacer que dichas empresas actuasen de forma socialmente responsable). Es decir, a pesar de la retórica de la responsabilidad social y ambiental, lo que se persigue son inversiones que sólo buscan la rentabilidad económica, cuando no puramente especulativas, basadas en comprar barato y vender caro. Este componente especulativo se pone todavía más de relieve en el caso de inversiones en otros productos financieros derivados como opciones y futuros o en el caso de los mercados de divisas.

Mención especial merecen las participaciones en fondos de inversión colectiva ya que mediante éstos se abre la puerta a cualquier tipo de inversión dificultando gravemente la transparencia que debería guiar la gestión de un fondo de estas características. No debería extrañarnos pues la situación en que el Fondo de Reserva participe en un fondo de pensiones que haya invertido en una empresa que para obtener mayores beneficios decida cerrar la producción en España, deslocalizar la producción y dejar a centenares o miles de trabajadores sin empleo. Peros eso sí, ¡una pequeña parte de los beneficios que obtenga esta empresa deslocalizándose servirán para financiar sus pensiones!.

Y para dejar todavía más maniatado al Estado, la idea es que éste se encargue de la gestión de las inversiones de renta pública mientras que la parte que se invierta en renta variable se divida en lotes y se adjudique por concurso público a gestores privados con lo que el estado no va a obtener ningún tipo de poder de decisión sobre las inversiones. Esta práctica ya se lleva a cabo en países como Francia, pero no existe ningún argumento que valide el supuesto que la externalización de la gestión conlleve una mayor rentabilidad. Sin embargo, esta lleva asociados unos mayores costes de gestión respecto al sistema público.

(Según la actual reglamentación de Planes y Fondos de Pensiones (art.84) las comisiones por gestión que cobran las empresas gestoras pueden llegar a un máximo del 2% anual del valor total del fondo con hasta un o,6% adicional para la entidad depositaria)

Esto nos lleva a pensar que la decisión de externalizar la gestión no responde más que a la voluntad de regalar unos cuantiosos beneficios a las empresas gestoras (grandes bancos y empresas aseguradoras) a expensas de los ahorros de los trabajadores.

No debemos olvidar que quienes sufrieron la peor parte en los escándalos financieros y posterior fallida de empresas como ENRON o WorldCom en EEUU fueron los fondos de pensiones ya que muchos fondos habían invertido en acciones de dichas empresas por considerarlas activos seguros

Y… ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

La atención a la vejez, y el sistema de pensiones como aporte esencial de éste, de un país es el reflejo del modelo de sociedad que se pretende. Tradicionalmente la atención a la vejez se había desarrollado en el marco de la familia y de las pequeñas comunidades (especialmente en el ámbito más rural).

Una conquista importante en la consecución del estado de Bienestar consistió en lograr que el sector público tuviera una responsabilidad, por lo menos parcial, respecto al bienestar material de sus ciudadanos. En este sentido, una de sus primeras materializaciones fue la creación de los sistemas de pensiones públicas para proteger las posibles eventualidades de la vejez.

En España, a pesar del tardío y parco desarrollo del estado del bienestar, el sistema de pensiones fue ampliándose hasta 1995. En 1995, en los Pactos de Toledo, gobierno y “agentes sociales” acordaron separar la financiación de la Seguridad Social (en su parte contributiva) de los Presupuestos Generales del Estado. Algunos quisieron ver en esta separación de fuentes una medida para evitar que los gobiernos de turno pudieran meter mano en el dinero de las pensiones, y en este sentido podría considerarse un avance útil. Pero conlleva un gran problema, pues significa que las pensiones (contributivas) sólo pueden ser financiadas por las cotizaciones sociales sin que puedan participar en su financiación otros fondos públicos como los impuestos y, por tanto, el peso del sistema de pensiones deja recaer en toda la sociedad para recaer exclusivamente en los trabajadores, liberando de esta carga a las rentas de capital y los beneficios empresariales. Con esta reforma se pone la primera piedra para eliminar los componentes solidarios y redistributivos (tanto intrageneracionales como intergeneracionales) del sistema público de pensiones para convertirlo en un seguro, regido por los criterios de estos.

¿Cómo valoras la actuación de los sindicatos (mayoritarios) en éste proceso?

Cuesta entender porque éstos aceptaron que el estado se desentendiera de la financiación de la Seguridad Social, como también cuesta entender por qué se apuntaron de forma tan entusiasta a la creación de fondos de pensiones privadas. Quizás ellos ganaron poder y protagonismo, pero los ciudadanos salimos claramente perdiendo al desandar parte del camino hecho y convertir la atención a la vejez en una cuestión social a un contrato de seguro.

Sólo en este contexto puede entenderse la creación del Fondo de Reserva. Antes el trabajador que cotizaba a ala Seguridad Social tenía la certeza que el Estado el garantizaría la pensión. En el momento que las pensiones pasan a depender sólo de las cotizaciones sociales, éstas se hacen muy vulnerables a las fluctuaciones del empleo pudiendo causar problemas en momentos de recesión económica. Para proteger de las eventuales recesiones económicas (que, como sabemos, en el capitalismo son recurrentes) se decidió crear un fondo que sirviera de cojín para evitar las necesidades financieras de la seguridad Social y evitar que tuviera que recurrir al endeudamiento en estas situaciones y que se nutriría de los excedentes que se producen en las épocas de crecimiento económico. Como resultado, actualmente el trabajador sólo puede confiar en las cotizaciones de los trabajadores futuros y en una “hucha” que, aunque parece que guarda cifras astronómicas, a día de hoy sólo puede cubrir poco más de ocho meses de la nómina de pensiones y que con la nueva ley que permite invertir en activos de renta variable – con lo que se puede ganar algo más pero perder también muchísimo dinero – quién sabe qué valor podrá tener el día de mañana.

¿Ante esta situación que deberíamos reivindicar?

Deberíamos reclamar que la atención a la vejez vuelva a la esfera de lo público, de lo social, antes de que sea demasiado tarde. No debería asombrarnos que el siguiente paso (siempre con objeto de mejorar la “eficiencia” del sistema) sea la creación de cuentas individuales (públicas o privadas) para la jubilación en las que el trabajador aportará sus contribuciones y su pensión dependerá del rendimiento (que obviamente podrá ser positivo o negativo) de dicha cuenta. De esta forma, no sólo el riesgo para el trabajador aumenta en proporciones exponenciales, sino que se eliminaría cualquier componente redistributivo que pueda quedar. Con el tiempo, y de nuevo con el objeto de mejorar la “eficiencia y profesionalidad de la gestión” estas cuentas individuales se privatizarán para que cada cual pueda escoger como invertir sus ahorros y muy probablemente muy poca gente recordará que algún día hubo un sistema público de pensiones en el que el Estado velaba por sus ciudadanos y les garantizaban una pensión de vejez.

Cada inversor debe decidir qué riesgos está dispuesto a asumir, pero si hay algo que debe protegerse de cualquier riesgo, son las pensiones dado su gran importancia social pero también económica. Además en la comparativa de rentabilidades no debemos ignorar los beneficios colaterales de la inversión en deuda pública que van más allá del rendimiento del cupón, pues esta sirve para financiar actuaciones de carácter público que revierten en el bienestar de toda la sociedad.

Es más, aquellos que buscamos una transformación del sistema debemos ir más allá y no sólo reclamar que la atención a la vejez (al igual que la atención a cualquier otro tipo de situación de vulnerabilidad) vuelva a la esfera de lo público y lo social, sino que además estos derechos se desvinculen de la esfera del trabajo, pues sólo creando espacios “libres” del trabajo asalariado se pueden crear dinámicas transformadoras.

Algunes dades sobre la situació dels fons i plans de pensions a Espanya…

Aquesta entrada és una actualització de Fons i Plans de pensions a Espanya (2005) i Fons i Plans de pensions a Espanya (2004)

Quadre 2. Evolució dels plans de pensions a Espanya 1988-2006
Font: Informe de Seguros y Pensiones 2006, Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones (Ministerio de Economía y Hacienda), 2006

Notes

• El Fons de pensions representen el 5,4% del total de l’estalvi de les families.
• Cal tenir en compte que bona part dels plans mixtes contemplen les contingències per jubilació en règim exclusiu d’aportació definida. També cal recordar que, per imperatiu legal, els plans individuals només poden ser d’aoprtació definida.
• Cal fer constar que el nombre de particeps té un valor relatiu degut a les duplicitats que es poden originar quan una mateixa persona és particep de diversos plans de pensions.
• Aquest any la Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones no ha facilitat dades sobre el volum d’aportacions ralitzades el mes de desembre. Així mateix en la informació referent a les aportacions per trams d’eedat i de renta es facilita informació sobre particeps però no sobre volum d’aportacions cosa que limita molt les conclusions que es poden extreure de l’informe. El percentatge d’aportacions realitzades el mes de desembre i el percentatge d’aportacions realitzades per majors de 52 anys es poden considerar indicadors del grau en que els plans de pensions són un utilitzats com a instrument fiscal per a pagar menys impostos gràcies a les generoses bonificacions fiscals que presenten.

Més informació

• Informe de Seguros y Pensiones 2006
• Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones
• Ministerio de Economía y Hacienda
• Entrades relacionades
  • Fons i Plans de pensions a Espanya (2005)
  • Fons i Plans de pensions a Espanya (2004)

Aquest article fou una demanda de la get de La Fàbrica, espai de producció i reproducció d’idees dels Països Catalans. Podeu veure l’article original aquí: Quin és el futur de les pensions?.
Per cert, la tafanera també se n’ha fet ressò. Moltes gràcies als qui ho heu tafanejat.

Aquesta quinzena la pregunta l’hem adreçada a Joan Junyent Tarrida, que ens respon a “Quin és el futur de les pensions?”. Junyent és membre del seminari d’economia crítica Taifa.

L’atenció a la vellesa d’un país, i el sistema de pensions com a part essencial d’aquesta, és el reflex del model de societat que es pretén. Tradicionalment l’atenció a la vellesa s’havia desenvolupat en el marc de la família o petites comunitats (especialment en l’àmbit més rural). Un triomf important en la consecució de l’estat del benestar consistí en aconseguir que el sector públic tingués una responsabilitat, almenys parcial, respecte el benestar material dels seus ciutadans. En aquest sentit, una de les seves primeres materialitzacions fou la creació dels sistemes de pensions públiques per tal de protegir els treballadors davant les possibles contingències associades a la vellesa.

A Espanya, l’Estat del benestar es desenvolupà tardanament com a conseqüència de la dictadura franquista. Arrel de la transició a la democràcia, i amb clara intenció legitimadora per part del nou règim polític, començà a produir-se un ràpid desenvolupament de l’estat del benestar amb la intenció d’anar convergint amb la resta de països europeus. Des d’aleshores podem distingir dues etapes clarament diferenciades. Una primera aniria de 1975 fins a 1992 i es caracteritzaria per un important augment de la despesa pública en protecció social i una reducció del dèficit social respecte la resta de països europeus. Per contra, a partir de 1993 i fins avui en dia s’observa un descens continuat i un estancament a partir de l’any 2000 situant-se al voltant del 20%. Així doncs, durant la dècada dels noranta es va destruir tot l’avanç produït en la dècada anterior i en l’actualitat el dèficit social respecte la resta de països europeus és pràcticament el mateix que al 1975. Malgrat el creixement econòmic experimentat en les dues últimes dècades no s’ha avançat doncs en la nostra intenció de convergir amb la resta de països europeus.

La pretesa crisi de les pensions públiques

Si bé els sistemes públics de pensions basats en un sistema de repartiment Pay-as-you-go (les cotitzacions actuals paguen les prestacions actuals) ja havien estat objecte de crítica des de l’òptica neoliberal, 1994 marca un canvi de tendència important. En aquest any, el Banc Mundial publica l’informe Adverting the old age crisis Policies to Protect the Old and Promote Growth (1994) en el qual s’adverteix de la insostenibilitat dels sistemes de repartiment a llarg termini a causa de l’envelliment de la població i es recomana una reforma de les pensions mitjançant la instauració de sistemes de capitalització (les cotitzacions de cada treballador s’acumulen en un fons individualitzat que s’inverteix en els mercats financers i amb aquest fons i els rendiments obtinguts es pagarà la pensió futura d’aquell treballador) per tal d’evitar la suposada crisis.

Un any després, els serveis d’estudis de La Caixa i el BBVA, publiquen els primers estudis per a l’estat espanyol plantejant un escenari catastrofista que duria a la crisis del sistema l’any 2000! Les critiques principals als sistemes de pensions públics de repartiment parteixen de l’envelliment de la població. Donat que la població pensionista es cada cop més gran i en relació a la població en edat de treballar, la ràtio de cobertura descendeix i això els duu a pronosticar la crisis de les pensions a 10, 20, 30, 40… anys vista segons quin sigui l’estudi. Si aquesta problemàtica s’hagués de resoldre incrementant les contribucions socials, això desencativaria i suposaria un fre a la creació de llocs de treball. Fins i tot alguns estudis preveuen la existència de llocs de treball sense cobrir per falta de població activa.

A l’hora de la veritat però, resulta que l’envelliment de la població no és cap problema. És a dir, a l’hora de mirar la sostenibilitat del sistema de pensions l’important no és quants jubilats i quantes persones en edat de treballar hi ha sinó quants d’aquests treballen i quant produeixen aquests treballadors. Si cada cop les societats produeixen més i són més riques com pot ser que no puguin mantenir un major nombre de pensionistes? Resulta doncs, que al final tot és resumeix a un problema de distribució de la renta i quan es diu que no hi haurà diners per a pagar les pensions la pregunta que sorgeix a continuació és, i llavors qui és queda els diners?

No hauria de sorprendre que aquests estudis provinguin d’entitats financeres ja que aquestes entitats serien les més afavorides per la creació de sistemes de capitalització privats. Aquests nous sistemes de capitalització permetrien a les entitats gestores disposar d’enormes quantitats de diners durant llargs períodes de temps amb els quals podrien operar als mercats financers internacionals. No podem obviar que els principals agents d’aquests mercats són precisament els fons de pensions i que d’aquests fons les entitats gestores n’obtenen importants ingressos mitjançant comissions que oscil·len entre el 2 i el 3% anual.

Fruit de l’escenari apocalíptic que pregonaven els poders financers, al 1995, en els anomenats Pactes de Toledo, govern i agents socials (patronal i sindicats majoritaris) acordaren, entre altres mesures que pretenien reduir la despesa en pensions tot dificultant-ne l’accés, separar el finançament de la Seguretat Social (en la seva part contributiva) dels Pressupostos Generals de l’Estat. Alguns volgueren veure-hi una mesura per evitar que els governs de torn poguessin destinar els diners de les pensions a altres usos, i en aquest sentit podria considerar-se un avenç útil. Això, però, comporta un gran problema doncs significa que les pensions (contributives) només poden ser finançades per les cotitzacions socials sense que puguin participar en el seu finançament altres fons públics com ara els impostos i, per tant, el pes de les pensions deixa de recaure en tota la societat per recaure exclusivament en els treballadors alliberant d’aquesta càrrega a les rentes del capital i els beneficis empresarials. Amb aquesta reforma es posa la primera pedra per eliminar els components solidaris i redistributius (tant intrageneracionals com intergeneracionals) del sistema públic de pensions per a convertir-lo en una assegurança, regida per els criteris d’aquestes.

Costa d’entendre perquè els sindicats majoritaris acceptaren que l’estat es desentengués del finançament de les pensions com també costa d’entendre perquè es sumaren de forma tant entusiasta a la creació de fons de pensions privats. Potser ells hagin guanyat poder i protagonisme, però els ciutadans hi hem sortit clarament perdent al desfer bona part del camí fet i convertir l’atenció a la vellesa en un contracte d’assegurança.

En el moment que les pensions passen a dependre només de les cotitzacions socials aquestes es fan molt vulnerables a les fluctuacions del mercat de treball podent aparèixer problemes en moments de recessió econòmica. Per a protegir el sistema de les eventuals recessions econòmiques (que com sabem en el capitalisme són recurrents) es decidí crear un fons que servís de coixí per a evitar les dificultats financeres de la Seguretat Social en aquestes situacions i que es nodriria dels excedents que es produeixen en las èpoques de creixement econòmic.Val la pena recordar que en els últims 20 anys el sistema contributiu de la Seguretat Social només ha presentat dèficit en un sol any, 1993, i que en la resta d’anys presenta un superàvit clar. L’any 2006 el sector públic espanyol va presentar un superàvit equivalent al 1,8% del PIB, d’aquest 1,2 punts corresponen al superàvit de la Seguretat Social. Fruit d’això, avui en dia el treballador ja no pot confiar que l’estat li garantirà una pensió sinó que només pot confiar en les cotitzacions dels treballadors futurs i en una “guardiola” que malgrat conté xifres astronòmiques només pot garantir poc més de vuit mesos de la nòmina de pensions i que amb la nova llei que permetrà invertir part d’aquest fons a la borsa qui sap quin valor tindrà el dia de demà.

Hem de reclamar que l’atenció a la vellesa torni a l’esfera pública, a l’esfera social, abans que sigui massa tard. No hauria de sorprendre’ns que el següent pas (sempre amb l’objectiu de millorar l’eficiència del sistema) sigui la creació de comptes individuals (públics o privats) per a la jubilació als quals el treballador i aportarà les seves contribucions i la seva pensió dependrà del rendiment d’aquest fons (òbviament aquest podrà ser positiu o negatiu). D’aquesta manera no només el risc per al treballador augmenta enormement sinó que s’acaba d’eliminar qualsevol element redistributiu que pugui quedar. Amb el temps, i de nou amb l’objectiu de millorar l’eficiència i la professionalitat en la gestió, aquests comptes es privatitzaran per tal que cadascú pugui escollir com invertir els seus estalvis i es converteixin, per tant, en últims responsables del bon o mal resultat de les seves pensions sense que puguin exigir responsabilitats davant eventuals crisis financeres o simplement males decisions en les inversions que comportin pensions de misèria. Molt possiblement aleshores ja poca gent recordi que un dia va haver-hi un sistema públic de pensions en el que l’estat vetllava pel benestar dels seus ciutadans i els garantia una pensió de jubilació.

Es més, aquells que cerquem una transformació del sistema hem d’anar més enllà i no només reclamar que l’atenció a la vellesa (així com l’atenció a qualsevol altra situació de vulnerabilitat) torni a l’esfera pública i social sinó que, a més, cal que aquests drets es desvinculin de l’esfera del treball doncs només creant espais “lliures” de treball assalariat es poden crear dinàmiques transformadores.

Joan Junyent Tarrida,

joan ARROBA junyent PUNT org

Membre del seminari d’economia crítica Taifa.

But the term “administrative costs” is something of a euphemism for it would be the profits of those running the pension funds

Malcom Sayer, An economic evaluation of alternative arrangements for retirement pensions. Conference on Privatisation of public pension systems – forces, experience, prospects (Vienna, june 2003)

L’expresió “costos administratius” no és altra cosa que un eufemisme per referirse als beneficis d’aquells que gestionen els fons de pensions (o qualsevol altre servei públic privatitzat o externalitzat).

NOTA: Artículo publicado en la revista Viento Sur núm. 92.

NOTA: En el momento de escribir estas líneas el anteproyecto de ley todavía no se ha hecho público íntegramente y está pendiente de los trámites previos al inicio de su negociación parlamentaria. El artículo puede contener impresiones e inexactitudes pues se basa en las informaciones facilitadas desde el Consejo de Ministros.

Recientemente el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministerio de Economía y Hacienda y los agentes sociales (entiéndase los sindicatos UGT y CC.OO y las organizaciones patronales CEOE y CEPYME) llegaron a un acuerdo para la reforma de la ley reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social¹.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social es un Fondo creado a raíz de los Pactos de Toledo y que a partir del 2000 se nutre del excedente procedente del ámbito contributivo de la Seguridad Social. Es decir se alimenta del excedente existente entre las cotizaciones y las prestaciones pagadas en concepto de pensiones contributivas. Su finalidad no es otra que servir de colchón financiero para los tiempos de vacas flacas en los que las cotizaciones puedan no ser suficientes para cubrir las pensiones.

La reforma actual, persigue la finalidad de “dotar a su gestión de mayor flexibilidad para conseguir conjugar la seguridad en las inversiones con una mayor rentabilidad, mediante la diversificación de riesgos”. Así “se debe seguir la tendencia del resto de los países de diversificación de inversiones y abrirse a la renta variable” dando entrada además a la gestión privada.

En la actualidad la práctica totalidad del fondo se invierte en títulos de renda fija nacional o extranjera (deuda pública) de países con una elevada calificación crediticia. El resto, una parte muy pequeña esta depositado en una cuenta en el Banco de España. Es decir, se invierte en valores casi totalmente seguros. Con la reforma propuesta el Fondo podría invertir además en valores de renda fija emitidos por entidades de derecho privado (obligaciones), acciones y otros instrumentos financieros de renta variable (acciones, opciones, futuros, etc.), divisas y participaciones en instituciones de inversión colectiva (fondos de inversiones), activos todos ellos que conllevan considerable riesgo.

Nadie regala nada

Actualmente el rendimiento obtenido por el Fondo de Reserva es del 4,21%. Sin embargo, en el 2006, la bolsa española obtuvo el mejor registro de su historia y cosechó rentabilidades superiores al 30%. Sin duda tal diferencial debe haber hecho perder la cabeza a gobierno, patronal y sindicatos para dejarse engañar por las ganancias fáciles de otros creyendo que la euforia actual de la bolsa va a ser permanente. Parece además que la euforia les ha hecho olvidar que en los mercados nadie regala nada, que mayores rentabilidades conllevan también mayores riesgos, que las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras y que aunque la bolsa suba esto no impide que haya inversores que pierdan dinero. No podemos olvidar, además, que aunque se hable de la evolución de la bolsa esta no es más de un índice que agrupa a las principales empresas cotizadas pero no es un grupo cerrado y unas empresas sustituyen a otras dando la sensación de subida continuada e infravalorando las caídas. Y eso sin contar la posibilidad de quiebras empresariales y escándalos financieros².

Según el gobierno en las inversiones “se tendrán en cuenta los principios de responsabilidad social, económica y ambiental”. Sin embargo también se hace especial hincapié, para tranquilidad del capital, en el hecho que las inversiones del Fondo no otorgarán derechos políticos y no se intervendrá en la gestión de las empresas participadas (lo que sin duda sería la mejor forma de hacer que dichas empresas actuasen de forma socialmente responsable). Es decir, a pesar de la retórica de la responsabilidad social y ambiental lo que se persigue son inversiones que sólo buscan la rentabilidad económica, cuando no puramente especulativas, basadas en comprar barato y vender caro. Este componente especulativo se pone todavía más de relieve en el caso de inversiones en otros productos financieros derivados como opciones y futuros o en el caso de los mercados de divisas.

Mención especial merecen las participaciones en fondos de inversión colectiva ya que mediante estos se abre la puerta a cualquier tipo de inversión dificultando gravemente la transparencia que debería guiar la gestión de un fondo de estas características. No debería extrañarnos pues la situación en que el Fondo de Reserva participe en un fondo de pensiones que haya invertido en una empresa que para obtener mayores beneficios decida cerrar la producción en España, deslocalizar la producción y dejar a centenares o miles de trabajadores sin empleo. Pero eso si, ¡una pequeña parte de los beneficios que obtenga esta empresa deslocalizándose servirán para financiar sus pensiones!

Y para dejar todavía más maniatado al estado, la idea es que el Estado se encargue de la gestión de las inversiones en renta pública mientras que la parte que se invierta en renta variable se divida en lotes y se adjudique por concurso público a gestores privados con lo que el estado no va a tener ningún tipo de poder de decisión sobre las inversiones. Esta práctica ya se lleva a cabo en países como Francia pero no existe ningún argumento que valide el supuesto que la externalización de la gestión conlleva una mayor rentabilidad. Sin embargo, esta lleva asociados unos mayores costes de gestión respecto al sistema público³. Esto nos lleva a pensar que la decisión de externalizar la gestión no responde a más que la voluntad de regalar unos cuantiosos beneficios a las empresas gestoras (que no son otras que los grandes bancos y empresas aseguradoras) a expensas de los ahorros de los trabajadores.

La Ley también clarifica los usos a los que podrá destinarse el Fondo de Reserva dejando muy claro que “solo se podrá disponer de activos del fondo para cubrir un déficit estructural en pensiones contributivas” y en ningún caso podrá utilizarse para aumentar las pensiones tal como reclamaban algunos sectores teniendo en cuenta que gran parte de los pensionistas viven por debajo del umbral de pobreza.

La vejez y el modelo de sociedad que queremos

La atención a la vejez, y el sistema de pensiones como parte esencial de éste, de un país es el reflejo del modelo de sociedad que se pretende. Tradicionalmente la atención a la vejez se había desarrollado en el marco de la familia y de las pequeñas comunidades (especialmente en el ámbito más rural).

Una conquista importante en la consecución del estado del bienestar consistió en lograr que el sector público tuviera una responsabilidad, por lo menos parcial, respecto al bienestar material de sus ciudadanos. En este sentido, una de sus primeras materializaciones fue la creación de los sistemas de pensiones públicos para proteger las posibles eventualidades de la vejez.

En España, a pesar del tardío y parco desarrollo del estado del bienestar, el sistema de pensiones fue ampliándose hasta 1995. En 1995, en los Pactos de Toledo, gobierno y agentes sociales (patronal y sindicatos mayoritarios) acordaron separar la financiación de la Seguridad Social (en su parte contributiva) de los Presupuestos Generales del Estado. Algunos quisieron ver en esta separación de fuentes una medida para evitar que los gobiernos de turno pudieran meter mano en el dinero de las pensiones, y en este sentido podría considerarse un avance útil. Pero conlleva un gran problema pues significa que las pensiones (contributivas) solo pueden ser financiadas por las cotizaciones sociales sin que puedan participar en su financiación otros fondos públicos como los impuestos y, por tanto, el peso del sistema de pensiones deja de recaer en toda la sociedad para recaer exclusivamente en los trabajadores liberando de esta carga a las rentas del capital y los beneficios empresariales. Con esta reforma se pone la primera piedra para eliminar los componentes solidarios y redistributivos (tanto intrageneracionales como intergeneracionales) del sistema público de pensiones para convertirlo en un seguro, regido por los criterios de éstos.

Cuesta de entender porqué los sindicatos (UGT y CC.OO) aceptaron que el estado se desentendiera de la financiación de la seguridad social como también cuesta de entender porqué se apuntaron de forma tan entusiasta a la creación de fondos de pensiones privadas. Quizás ellos ganaran poder y protagonismo pero los ciudadanos salimos claramente perdiendo al desandar parte del camino hecho y convertir la atención a la vejez de una cuestión social a un contrato de seguro.

Sólo en este contexto puede entenderse la creación del Fondo de Reserva. Antes el trabajador que cotizaba a la seguridad social tenia la certeza que el estado le garantizaría la pensión. En el momento que las pensiones pasan a depender solo de las cotizaciones sociales estas se hacen muy vulnerables a las fluctuaciones del empleo pudiendo causar problemas en momentos de recesión económica. Para proteger de las eventuales recesiones económicas (que como sabemos en el capitalismo son recurrentes) se decidió crear un fondo que sirviera de cojín para evitar las necesidades financieras de la Seguridad Social y evitar que tuviera que recurrir al endeudamiento⁴ en estas situaciones y que se nutriría de los excedentes que se producen en las épocas de crecimiento económico. Como resultado, actualmente el trabajador sólo puede confiar en las cotizaciones de los trabajadores futuros y en una “hucha” que, aunque parece que guarda cifras astronómicas, a día de hoy sólo puede cubrir poco más de ocho meses de la nómina de pensiones y que con la nueva ley que permite invertir en activos de renta variable – con lo que se puede ganar algo más, pero también perder muchísimo dinero- quién sabe que valor podrá tener el día de mañana.

Debemos reclamar que la atención a la vejez vuelva a la esfera de lo público, de lo social, antes de que sea demasiado tarde. No debería asombrarnos que el siguiente paso (siempre con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema) sea la creación de cuentas individuales (públicas o privadas) para la jubilación en las que el trabajador aportará sus contribuciones y su pensión dependerá del rendimiento (que obviamente podrá ser positivo o negativo) de dicha cuenta. De esta forma, son sólo el riesgo para el trabajador aumenta en proporciones exponenciales, sino que se eliminaría cualquier componente redistributivo que pueda quedar. Con el tiempo, y de nuevo con el objetivo de mejorar la eficiencia y profesionalidad en la gestión, estas cuentas individuales se privatizarán para que cada cual pueda escoger como invertir sus ahorros y muy posiblemente poca gente recordará que algún día hubo un sistema público de pensiones en el que el estado velaba por sus ciudadanos y les garantizaba una pensión de vejez.

Cada inversor debe decidir que riesgos está dispuesto a asumir pero si hay algo que debe protegerse de cualquier riesgo esto son las pensiones dado su gran importancia social pero también económica. Además en la comparativa de rentabilidades no debemos ignorar los beneficios colaterales de la inversión en deuda pública que van más allá del rendimiento del cupón pues esta sirve para financiar actuaciones de carácter público que revierten en el bienestar de toda la sociedad.

Es más, aquellos que buscamos una transformación del sistema debemos ir más allá y no solo reclamar que la atención a la vejez (al igual que la atención a cualquier otro tipo de situación de vulnerabilidad) vuelva a la esfera de lo público y lo social sino que además estos derechos se desvinculen de la esfera del trabajo pues solo creando espacios “libres” del trabajo asalariado se pueden crear dinámicas transformadoras.

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JUNYENT TARRIDA, Joan

La reforma del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Viento sur: Por una izquierda alternativa, ISSN 1133-5637, Nº. 92, 2007 , pp. 123-126.

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Notes

1. En el momento de escribir estas líneas el anteproyecto de ley todavía no se ha hecho público íntegramente y está pendiente de los trámites previos al inicio de su negociación parlamentaria. El artículo puede contener impresiones e inexactitudes pues se basa en las informaciones facilitadas desde el Consejo de Ministros.
2. No debemos olvidar que quienes sufrieron la peor parte en los escándalos financieros y posterior fallida de empresas como ENRON o WorldCom en EEUU fueron los fondos de pensiones ya que muchos fondos habían invertido en acciones de dichas empresas por considerarlas activos seguros.
3. Según la actual Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones (art. 84) las comisiones por gestión que cobran las empresas gestoras pueden llegar a un máximo del 2% anual del valor total del fondo con hasta un 0,6% adicional para la entidad depositaria.
4. Cabe recordar que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) establece estrictos límites al déficit público (incluyendo en sus cálculos a la Seguridad Social).

Cercant materials per un article he trobat aquesta carta oberta que vam fer des del Seminari Taifa l’any 2003 alertant sobre el futur del sistema de pensions. Lamentablement avui encara és vigent.

En aquests últims anys els mitjans de comunicació, els diferents governs i dirigents sindicals, ens venen dient que els treballadors necessitem fer-nos un pla de pensions privat per tal d’assegurar-nos la nostra jubilació.
¿Per què de sobte els mitjans de comunicació ens parlen tan sovint de plans de pensions privats quan ja tenim un sistema públic de pensions?
Fins i tot el govern i la UE parlen de la “modernització” del nostre pla sistema de pensions públic. De sobte, en molt poc temps, han fet aparèixer dubtes damunt del futur de milions de persones.

Tres preguntes sorgeixen a l’acte:

• És cert que el nostre sistema de pensions públic ja no funciona?
• Qui està tan interessat a transformar-lo i per què?
• Per què no hi haurà diners per les pensions públiques del futur?

A continuació intentarem donar algunes respostes a aquestes preguntes:

És cert que el nostre sistema de pensions públic ja no funciona?

El nostre, és un sistema que s’anomena de repartiment. Això és que mitjançant les aportacions que realitzen els treballadors en actiu durant un any, es paguen les pensions als treballadors passius, ja jubilats, el mateix any.
El canvi que proposen els estudis econòmics, consisteix en transformar el sistema públic de repartiment en un privat de capitalització. O lo que és el mateix, amb els diners de les contribucions de cada treballador, els agents privats que els gestionen els inverteixen en borsa, i amb els rendiments obtinguts pagaran a aquests treballadors quan siguin pensionistes, quan es jubilin.
L’argument principal que es dona per dir que el sistema espanyol serà insostenible, és l’envelliment de la població. Diuen que hi ha masses vells perquè els joves puguin cobrir les seves pensions. En els últims anys la proporció d’ancians per cada treballador, està al voltant de 2 treballadors per 1 pensionista. El problema, diuen, sorgeix quan aquesta proporció disminueix. Això provocarà, segons ells, que els treballadors actius no seran capaços d’aportar els diners suficients per a tots els passius, doncs hi haurà tants o més passius que actius. Però aquesta disminució no és major de la que hi ha hagut en els últims cinquanta anys.
Si el problema fos el baix nombre de treballadors actius, el que s’hauria de fer és crear llocs de treball. Existeix una reserva de treballadors enorme (hi ha més d’un 10% d’aturats), més una gran quantitat de dones que encara no han entrat al mercat laboral i fins i tot possibles noves incorporacions de treballadores estrangers.
Fins i tot si acceptéssim que pugui existir un problema de població, no podem oblidar que l’important no és el número de treballadors sinó la riquesa que produeixen. Menys treballadors produint més poden sostenir més pensionistes que amb una menor producció encara que hi hagi més treballadors. És més probable, amés, que en el futur cada treballador generi cada cop més riquesa, la qual cosa permetria mantenir a més gent si la riquesa estigués ben repartida.

Qui està tan interessat a transformar-lo i per què?

El canvi que proposen els estudis econòmics, consisteix en transformar el sistema públic de repartiment per un de privat de capitalització.
Amb aquest sistema, apareixen organismes que surten molt beneficiats, ja que administraran els fons creats pels estalvis dels treballadors, que podran ser utilitzats pels interessos financers d’Europa per especular amb ells i competir a nivell mundial. “Casualment” són aquestes mateixes organitzacions les que són responsables dels estudis que diuen que el sistema públic no funciona. Aquests organismes com no podia ser d’altra manera, són els bancs, les caixes, les gestores de fons i les asseguradores. ¡Ni més ni menys!
Aquest sistema de capitalització suposa un risc molt alt, ja que els diners dels treballadors serà invertit en borsa i per tant serà subjecte a les oscil·lacions tant a l’alça, com a la baixa de les cotitzacions. A l’últim any, cap fons de pensions ha donat beneficis; al contrari, la majoria ha tingut pèrdues de més del 40% del diner invertit, casi la meitat del capital. Aquest sistema de pensions privat sí que pot provocar una enorme incertesa i grans pèrdues al conjunt dels treballadors si es continua endavant amb la seva implantació.

Per què no hi haurà diners per a les pensions públiques del futur?

Actualment el sistema de pensions gaudeix de bona salut financera. No hi ha dèficit sinó superàvit. Per això, els bancs, les caixes i les asseguradores ens diuen que el problema serà al futur, d’aquí a vint o cinquanta anys!!!
Aquest canvi no pot realitzar-se sense la sospitosa col·laboració del govern. Aquest potencia la precarietat de les pensions públiques amb una política que força als treballadors a contemplar el sistema privat de pensiones com l’única sortida.
Una de les mesures preses últimament pel govern espanyol ha estat la d’allargar els anys de cotització que serveixen per calcular l’import de la pensió. Si els anys a comptabilitzar la pensió s’amplien, el treballador cobrarà menys perquè la mitjana baixa, ja que la cotització acostuma a ser major els últims anys de treball. No satisfets amb això pretenen que el càlcul es faci sobre tota la vida laboral cotitzada, amb la problemàtica que comporta pels joves actuals amb treballs precaris i temporals. Les seves aportacions son quantitats petites, donada la seva precarietat, que disminuiran el dia de demà l’import de les pensions que rebran, que sens dubte seran una misèria. És una manera subtil però poderosa de rebaixar la quantitat de diners que cobrarà el pensionista. Pretenen també que augmentin els anys que s’han de cotitzar per poder cobrar la pensió íntegra al 100%.

Aquest és l’escenari que ens presenten: Un nou servei públic que es vol desmantellar amb l’excusa que no funciona, per després privatizar-lo i treure’n suculents beneficis per al capital privat.

Davant de tot això, només ens queda una opció als treballadors: lluitar pel manteniment del sistema públic en contra del beneficio privat, doncs amb aquest, sens dubte, sortirem perjudicats la majoria i només servirà per enriquir a uns pocs.

Seminari d’Economia Crítica TAIFA. Maig 2003

Entre dilluns i ahir dimarts el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministerio de Economía y Hacienda, els sindicats UGT y CC.OO i les organitzacions patronals CEOE i CEPYME han arribat a un acord per a la reforma de la llei reguladora del Fons de Reserva de la Seguretat Social amb uns resultats molt semblants a la proposta inicial de l’executiu.

El Fons de Reserva de la Seguretat Social és un Fons creat l’any 2001 que es nodreix de l’excedent procedent de l’àmbit contributiu de la Seguretat Social, és a dir, de l’excedent entre les cotitzacions per a pensions i les prestacions pagades en concepte de pensions contributives. La seva finalitat no és altra que servir de coixí de cara al futur quan (segons alguns estudis) la Seguretat Social presenti dèficit.

La reforma actual, malgrat falten molts detalls per concretar, té la finalitat de diversificar les inversions per tal d’augmentar-ne la rendibilitat. Actualment el fons s’inverteix en la pràctica totalitat en títols de renda fixa tant nacional com estrangera i es pretén permetre invertir part del Fons en renta variable, (principalment accions i derivats però també divises o inversions immobiliàries). Segons el que es coneix fins ara la nova llei permetria invertir en els següents actius:

• Valors de Renda Fixa emesos per entitats de dret públic (deute públic nacional o internacional).
• Valors de Renda Fixa emesos per entitats de dret privat (obligacions).
• Accions i altres instruments financers de renda variable (accions, opcions, futurs…).
• Divises.
• Participacions d’institucions d’inversió col·lectiva (fons d’inversió).

Cal recordar però que en economia no hi ha res gratuït i que aquesta cerca de una major rendibilitat només pot aconseguir-se a costa d’augmentar el risc de les inversions. Analitzem doncs el risc dels nous actius en els que podria invertir el fons.

En el cas de les obligacions són títols de renda fixa emeses per entitats privades. En aquest cas no hi ha risc en el rendiment però evidentment en cap cas poden comparar-se les garanties que pot presentar una empresa amb les d’un estat. En el cas de les accions i derivats el rendiment és variable i per tant poden haver-hi pèrdues. És cert que “la borsa” des de fa dècades creix quasi de forma ininterrompuda, però res en garanteix els guanys. Cal tenir en compte també que els índex borsaris només reflexen les principals accions negociades i noves empreses substitueixen a altres tot donant una falsa impressió de creixement global menysvalorant les pèrdues i no podem ignorar tampoc el risc de fallida empresarial (ex: cas ENRON, moltes accions de la qual estaven en mans de fons de pensions per considerar-se una empresa “segura”). A més, en tant que mercat secundari, els guanys obtinguts a la borsa són purament especulatius basats en comprar barat i vendre car. Aquest component especulatiu que molt més de relleu en el cas de productes derivats com ara opcions i futurs. Les divises són un altre exemple car d’inversió especulativa no exempta de risc com es demostrà en les crisis financeres que sacsejaren el món durant la dècada passada.

Menció especial mereixen les participacions en fons d’inversió col·lectius ja que aquesta opció obre la porta a qualsevol tipus d’inversió ja que a través d’institucions d’inversió col·lectiva aquestes poden invertir en qualsevol cosa seguint criteris que s’escapen de la lògica que hauria de perseguir el sector públic, tot ofuscant la transparència que hauria de guiar la gestió del fons de reserva dels treballadors espanyols.

Evidentment hi haurà qui pugui pensar que la major rendibilitat compensa els riscos, però cal tenir en compte que els benefeicis de la inversió en renda fixa d’entitats públiques (és a dir, deute públic) van molt més enllà del tipus d’interès del cupó ja que aquests serveixen per a finançar actuacions de caràcter públic que reverteixen en el benestar de tota la societat.

També cal destacar la intenció d’”externalitzar” la gestió del fons tot traient a concurs públic diferents lots per a que les gestores de fons (principalment formades per bancs, caixes d’estalvis i asseguradores) se’n facin càrrec. Aquesta decisió de donar entrada a “agents privats” ja es duu a terme en alguns països com ara França però no hi ha cap raó per la qual l’entrada de gestió privada en el fons dugui a una millor rendibilitat del fons sinó que clarament es pretén, un cop més, generar benefici privat mitjançant fons públics. Recordem que els fons de pensions poden tenir uns costos de gestió (aquests inclouen els beneficis de la gestora) de fins a un 2% del volum del fons.

Sembla ser que un dels requisits serà que les empreses actuïn d’acord amb uns principis de responsabilitat social, econòmica i ambiental. Caldrà veure quins són aquests criteris i com s’exerceixen tot i que molt em temo que en aquest aspecte estarem encara a anys llum de països com Noruega que el 2006 van retirar les inversions del seus fons de pensions públic a EADS, empresa participada per el govern espanyol, per motius ètics. En tot cas si s’estableix un comitè ètic que realment controli aquestes inversions estaria bé que aquests mateixos criteris s’estenguessin a tota l’actuació del sector públic.

A més el govern ja ha anunciat, per a tranquil·litzar el capital, que no exercirà drets polítics sobre les inversions. És a dir que no intervindrà en la gestió de les empreses participades. És a dir que posem els diners dels treballadors espanyols a mans del capital i ni tan sols podrem utilitzar aquest poder per a garantir el compliment dels principis de responsabilitat social, econòmica i ambiental esmentats. Es podria arribar a donar fins i tot el cas que el Fons de Reserva invertís en accions d’una empresa X i que aquesta empresa decidís deslocalitzar-se tot acomiadant centenars o milers de treballadors sense que el govern pogués fer-hi res.

La reforma també preveu que part dels excedents de la Seguretat Social es puguin dedicar a millorar les pensions actuals. Cal aplaudir aquesta mesura tot i que caldrà esperar al redactat final de la llei perquè les organitzacions patronals han esta fet una pressió important perquè aquests excedents es puguin destinar a reduir les quotes empresarials i seria un greu error que s’obris la porta a aquesta possibilitat.

ACTUALITZACIÓ: El Consell de Ministres ha aprovat aquest migdia l’informe del Ministeri de Treball i han anunciat l’inici dels tràmits previs a la seva presentació al Congrés.

Més informació:

• Nota de premsa: El Gobierno y los agentes sociales alcanzan un acuerdo sobre la reforma del Fondo de Reserva de la Seguridad Social
• Consell de Ministres: Informe del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales sobre el Anteproyecto de Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social
• EL PAÍS: La ‘hucha’ de las pensiones invertirá en empresas responsables
• EL PAÍS: Gobierno y agentes sociales alcanzan un acuerdo para la reforma del Fondo de Reserva de la Seguridad Social
• EL PAÍS: El Fondo de Reserva de la Seguridad Social podrá invertir un 30% en Bolsa
• EL PAÍS: El Gobierno aprueba la reforma que permite invertir en Bolsa parte del Fondo de Reserva

Quadre extret de l’Informe Econòmic del President del Govern 2007.

Informe complet: Informe Económico del Presidente del Gobierno 2007
Nota de premsa: El Presidente afirma que 2006 ha sido el mejor año económico de la democracia